MONTSE MÍNGUEZ RETRATADA E HISTÉRICA POR LA INFORMACIÓN DE CHICOTE

El PSOE ha hecho de la lucha contra los fondos buitre su gran bandera electoral. Y resulta que la pareja de su portavoz, Montse Mínguez, dirige un negocio con 30 pisos en alquiler y varios desahucios. Su defensa: es sólo una empresa familiar, no una pyme buitre y carroñera. Javier Chicote ha publicado en Artículo 14 que Sergi Vélez, pareja de Mínguez, está al frente de Nest Capital, un grupo empresarial de Lleida dedicado a la construcción, la rehabilitación y la inversión inmobiliaria. Según la investigación, mantiene cargos en once sociedades, gestiona alrededor de 30 viviendas arrendadas y ha recurrido a los tribunales para desahuciar a inquilinos por impago. La propia Mínguez declara tres viviendas en propiedad. No hay ninguna ilegalidad acreditada en estos negocios. Lo llamativo es que la información aparece cuando el PSOE ha convertido a los grandes tenedores en uno de sus principales enemigos electorales. En Espejo Público, Susanna Griso preguntó a Montse Mínguez por la exclusiva durante su intervención en Espejo Público, en Antena 3. La portavoz socialista denunció un «ataque personal» y defendió que la empresa de su pareja paga sus impuestos y respeta la Ley de Vivienda de Cataluña. Juan Soto Ivars quiso saber cuánto cobran de alquiler a sus inquilinos. Mínguez no dio ninguna cifra y volvió a insistir en la legalidad del negocio. La tensión terminó con una amenaza de abandonar la conexión en directo: «Me voy a desconectar en cero coma dos». La dirigente también cuestionó quién financiaba a Javier Chicote, el periodista que firmó la investigación. El enfrentamiento dejó una contradicción bastante difícil de disimular. Cuando los negocios inmobiliarios son de otros, el PSOE habla de especulación, fondos buitre y propietarios que se enriquecen a costa de los inquilinos. Cuando el negocio pertenece al entorno de su portavoz, se convierte en una empresa familiar que cumple escrupulosamente la ley. La polémica estalla a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Pedro Sánchez ha adelantado los comicios tras el rechazo parlamentario de sus decretos de vivienda y pretende hacer de los alquileres, los desahucios y los grandes propietarios el centro de su campaña. La muerte de Maricarmen Abascal, las protestas en la Puerta del Sol y el enfrentamiento con PP, Vox y Junts han multiplicado los mensajes contra los llamados fondos buitre. Óscar López llegó a presentar la votación de los decretos como una elección entre «las calles o los áticos». Otros dirigentes socialistas han señalado las propiedades inmobiliarias de sus adversarios mientras el patrimonio de Reyes Maroto y del propio Óscar López también se convertía en noticia. Tener varias viviendas no convierte a nadie en delincuente ni demuestra que especule. Precisamente por eso resulta tan absurdo utilizar el número de pisos de una persona como acusación política hasta que los pisos pertenecen a alguien del PSOE. La vivienda es uno de los grandes problemas de España después de ocho años de Gobierno de Sánchez. Los alquileres se han disparado, los jóvenes tienen enormes dificultades para emanciparse y encontrar una casa resulta cada vez más complicado en numerosas ciudades. Sin embargo, buena parte del discurso electoral socialista consiste en enfrentar a propietarios e inquilinos, presentar el alquiler como una actividad sospechosa y señalar a los grandes tenedores como responsables de la crisis. Ese enfrentamiento también tiene consecuencias. La relación entre caseros e inquilinos necesita garantías, obligaciones y confianza mutua. Convertir a una de las partes en culpable por definición no construye viviendas ni reduce los alquileres. Y cuando quienes promueven ese discurso tieneninmobiliarios perfectamente legítimos, la contradicción termina siendo todavía mayor. El PSOE llega al 29-N intentando responsabilizar a la derecha de una crisis de vivienda que lleva años agravándose. En plena campaña contra los rentistas, una exclusiva de Javier Chicote ha colocado a Montse Mínguez ante el mismo argumento que su partido utiliza para señalar a otros. La portavoz socialista no ha tenido que defender ninguna ilegalidad. Ha tenido que defender el derecho de su pareja a tener un negocio inmobiliario, alquilar pisos y acudir a los tribunales cuando un inquilino no paga. Lo que para los demás era especulación ahora se llama empresa familiar. Y lo que hasta ayer merecía una denuncia pública hoy se considera un ataque personal. psoe pedrosánchez MontseMínguez