HE ESCUCHADO A LOS ACAMPADOS DE SOL PARA QUE TÚ NO TENGAS QUE HACERLO

Mientras el Gobierno separaba decretos y negociaba in extremis las condiciones del plan de vivienda Maricarmen, en Espejo público hemos conactado con la acampada. No parecen muy contentos con la solución. El Consejo de Ministros no tiene suficiente polvo de hadas. El caso Maricarmen ha obligado al Gobierno a hacer en una semana lo que llevaba meses sin conseguir: pactar una respuesta común sobre vivienda. O más o menos común, porque PSOE y Sumar han terminado aprobando dos reales decretos diferentes para poder salvar sus discrepancias y, sobre todo, la aritmética del Congreso. El primero es el que Moncloa considera con más posibilidades de sobrevivir a la votación. Amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, prorroga durante dos años los contratos de alquiler que vencen antes de finales de 2028, regula los alquileres de temporada y por habitaciones y limita hasta 2028 la compra de vivienda por fondos buitre. Ahí caben medidas negociadas con Junts y PNV, bonificaciones fiscales y ayudas vinculadas al acceso a la primera vivienda. El segundo decreto contiene la medida que Sumar se negó a soltar: la renovación automática de los contratos de alquiler. Es precisamente la parte más cercana al llamado “decreto Maricarmen” del Sindicato de Inquilinas y también la que tiene más difícil conseguir mayoría parlamentaria. Los dos textos se votarán por separado en un pleno extraordinario del Congreso. La fórmula retrata bastante bien la situación del Gobierno. PSOE y Sumar anuncian un acuerdo, pero necesitan dos decretos porque no consiguen que sus propios socios de investidura acepten las mismas medidas. Junts y PNV recelan especialmente de la renovación automática. Podemos considera insuficiente el paquete. Y en Sol siguen exigiendo contratos indefinidos, rebajas drásticas del alquiler, prohibición de desahucios y expropiaciones de vivienda vacía. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda del PSOE, salió del Consejo de Ministros celebrando el acuerdo y reclamando que los decretos lleguen cuanto antes al Congreso. Para el ala socialista, la prioridad es aprobar medidas que puedan superar la votación y evitar que la respuesta al caso Maricarmen vuelva a morir en la Cámara. Mónica García había marcado horas antes la posición de Sumar de forma mucho más dura: no aceptarían un real decreto que “se quede a medias” y consideraban imprescindible incluir la renovación automática de los contratos. Llegó a advertir que volverían a plantarse si el PSOE presentaba únicamente medidas fiscales, más construcción o soluciones que, a juicio de Sumar, no frenan la especulación. Y ahí aparece la contradicción que atraviesa toda la discusión. Una portavoz de Anticapitalistas en la acampada de Sol resume su solución de forma todavía más radical: “hay que sacar la vivienda del mercado”. Pide reducir los alquileres un 50%, prohibir los desahucios, expropiar vivienda vacía y convertir los contratos en indefinidos. Cuando le preguntan qué ocurriría si, ante esas condiciones, los propietarios dejan de alquilar o los bancos restringen las hipotecas, la respuesta sigue siendo intervenir más. Pero España tiene también un problema evidente de oferta. La población se acerca a los 50 millones, se crean más hogares de los que se construyen viviendas y hasta fuentes de Moncloa reconocen que el fuerte crecimiento migratorio de los últimos años añade presión a un mercado que ya era incapaz de absorber la demanda. Vox responde desde el extremo contrario. José María Figaredo ha defendido que reducir la inmigración aliviaría la presión sobre vivienda y servicios públicos. La réplica es inmediata: una parte importante de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. Reducir demanda puede aliviar presión, pero reducir al mismo tiempo la mano de obra que debe construir las casas introduce otra contradicción. Mientras todos discuten el modelo, queda Maricarmen. Una mujer de 87 años que llevaba siete décadas en la misma vivienda, protegida durante años por una renta antigua, descubre al final que aquella seguridad no era eterna. El juez dio la razón a la propiedad porque la subrogación del contrato ya no podía continuar. Su salida en camilla convirtió un problema estructural en una imagen imposible de ignorar. Y quince años después del “no vas a tener casa en tu puta vida”, la protesta ha cambiado incluso de escalón. Entonces una generación denunciaba que no podía comprar. Ahora una parte creciente tampoco puede alquilar. Después de ocho años de Pedro Sánchez, Podemos, Sumar, una Ley de Vivienda y decenas de anuncios, el Gobierno llega a la solución con dos decretos distintos porque ni siquiera sus socios se ponen de acuerdo sobre qué hacer. Uno puede aprobarse. El otro puede terminar sirviendo únicamente para que cada partido pueda decir, en las próximas elecciones, que al menos lo intentó.