El RÉCORD de SÁNCHEZ que HUNDE el RELATO PROGRE con MARICARMEN

Maricarmen Abascal fue desahuciada en Madrid a los 87 años tras vivir 70 en el mismo piso. La ejecución llegó pese a la petición de suspensión ante la mismísima ONU mientras que las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual alcanzan su máximo desde 2017. El 23 de septiembre de 2026, una comisión judicial ejecutó el cuarto intento de desahucio en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro. Maricarmen, con una discapacidad reconocida del 50% y movilidad reducida, salió en camilla y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón antes de alojarse temporalmente con familiares. La movilización vecinal y del Sindicato de Inquilinas no logró detener una orden aplazada en tres ocasiones. Maricarmen vivía allí desde 1956 mediante el contrato de renta antigua suscrito por sus padres. Tras la muerte de su padre, el alquiler se subrogó a su madre; cuando esta falleció en 2005, pasó a la hija. Los tribunales consideraron extinguida esa segunda subrogación y la propiedad, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, reclamó el inmueble. No era un lanzamiento por impago ni una ejecución hipotecaria, una diferencia esencial frente a las estadísticas usadas para comentar el caso. La ONU había solicitado a España que suspendiera el desalojo o garantizara una alternativa habitacional mientras estudiaba la denuncia. El Ministerio de Vivienda afirmó que intentó comprar el piso a través de Casa 47 y negociar con la empresa, sin éxito. El Ayuntamiento de Madrid ofreció atención de emergencia y una plaza residencial, opción que Maricarmen rechazó porque quería permanecer en su barrio. La imagen de la mujer saliendo en camilla desató una cadena de acusaciones. Pedro Sánchez responsabilizó a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida por no facilitar una vivienda alternativa y defendió un nuevo decreto estatal. Ayuso replicó que se había cumplido una resolución judicial y acusó a Moncloa de usar políticamente el desahucio. Sumar elevó la presión dentro del Gobierno: reclamó expropiar el piso, congelar alquileres y aprobar las medidas pendientes. El Sindicato de Inquilinas señaló tanto a las administraciones madrileñas como al Ejecutivo central. Las cifras dibujan una realidad más precisa que los eslóganes. El Consejo General del Poder Judicial registró 24.540 lanzamientos en 2025, un 11% menos que el año anterior y el dato más bajo de su serie, no un máximo. Sin embargo, el indicador que sí empeoró dráticamentente fue el de las ejecuciones hipotecarias iniciadas ante los juzgados. 31.416 en 2025, un 35,6% más que en 2024 y el nivel más alto desde 2016. El INE añadió otra señal de alarma: en el segundo trimestre de 2026: 3.703 certificaciones de ejecución sobre viviendas habituales, un 27,5% más interanual y la cifra trimestral más alta desde comienzos de 2017. Los partidos no discuten solo sobre competencias, sino sobre quién consigue quedarse con el dolor ajeno. El lema “el ático de Ayuso para Maricarmen” demuestra como se crea un producto mediático perfecto. El inmueble de Chamberí comprado por una empresa pública madrileña por 6,3 millones permitía contraponer lujo institucional y desamparo en una sola frase. RTVE, tertulias y dirigentes enlazaron ambos asuntos hasta hacerlos inseparables. La comparación desgasta a Ayuso, desvía el foco sobre la responsabilidad del gobierno centrral y su ministerio de vivienda y sobre todo termina convirtiendo a Maricarmen en un personaje .