Desactivado el plan bomba de la cloaca para acabar con la Justicia
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El Programa de Cuesta comienza analizando las recientes y polémicas declaraciones del ministro Óscar López, quien ha asegurado públicamente que existen jueces que prevarican en España. Los tertulianos califican a López de “calumniador”, señalando que lanza estas graves acusaciones de forma genérica para evitar querellas, sabiendo que es incapaz de aportar pruebas. Desde el punto de vista de los valores editoriales de la casa, este ataque coordinado busca desprestigiar sistemáticamente a la judicatura para desviar la atención de los numerosos escándalos de corrupción que acorralan al actual Gobierno y al entorno más íntimo del presidente.
Durante la tertulia, se detalla la existencia de una red de complicidades dentro de la Fiscalía General del Estado, calificada por los participantes como “una auténtica cloaca destinada a proteger a la familia de Pedro Sánchez”. En concreto, se pone el foco sobre el caso de su hermano, conocido artísticamente como David Azagra, cuya investigación por presuntos delitos fiscales y de malversación se ha visto obstaculizada. Los colaboradores revelan que la Guardia Civil y otros altos cargos de seguridad frenaron deliberadamente pesquisas clave, como el rastreo de una cuenta de correo electrónico sospechosa empleada por el hermano del presidente para comunicarse con su entorno.
Un aspecto crucial revelado por la investigación de la UCO son las reuniones clandestinas celebradas en la propia sede de la Fiscalía General del Estado entre miembros de esta trama de influencia, como Jacobo Teijelo y Leire Díez, y fiscales de la máxima confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Entre los asistentes a estos encuentros irregulares se encontraban los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, quienes, lejos de ser expedientados por recibir denuncias al margen de los canales oficiales, fueron posteriormente recompensados con ascensos al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional respectivamente.
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